La “TRANSPARENCIA” Político-Administrativa mediante el uso de las tic.

1

La Constitución Española al artículo 105 b) establece el derecho de acceso a la información pública estableciéndose como información los contenidos y documentos, cualquier que sea su apoyo o formato, que estén en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones públicas. La irrupción del uso intensivo de las TIC por parte del ciudadano ha impulsado a los gobernantes a ver la necesidad de acercar la información de las administraciones públicas al administrado.

En este sentido la reciente normativa incorporada por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno (Ley 19/2013 de 09 de diciembre), establece que este acceso únicamente está limitado por ciertos aspectos que tienen como objetivo la protección de corderos jurídicos que quedarían en grave riesgo de desprotección en el caso de hacerse pública la información.

Estos límites están definidos a la ley y están limitados básicamente por cuestiones de seguridad pública, de interés nacional, secretos judiciales, y de la confidencialidad de procesos de toma de decisiones.

La aprobación de esta ley, largamente elaborada por el anterior partido político en el gobierno y finalmente aprobada mediante el consenso político, viene condicionada por la necesidad por parte de los partidos políticos de intentar acercar la acción de gobierno a la ciudadanía aprobando una ley con la que evitar el oscurantismo que ha reinado en la acción de gobierno y en la gestión pública de las instituciones gubernamentales a todos los niveles (central, autonómico y local).

La desafección del ciudadano respecto a los políticos y a los partidos políticos es de tal magnitud que desde el interior de las organizaciones políticas y desde las instituciones han visto la necesidad urgente de implementar acciones que permitan al ciudadano dotarlos de unas herramientas suficientemente válidas cómo para que el ciudadano pueda acceder a todo un abanico de información bastante amplio, para que éste pueda formarse un criterio propio sobre la acción de los gobiernos, la gestión de la agenda pública, la rendición de cuentas (no sólo económica, si no también política).

La transparencia, como exigencia de la ciudadanía dirigida a los políticos y a los gobernantes, ha tenido importancia desde el momento en el que la ciudadanía ha sido consciente de que gracias a las TIC es muy fácil, económico, y ágil poder supervisar la acción de gobierno. Mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el ciudadano puede participar de una forma online en el control de los presupuestos, en el desempeño de la tarea de gobierno, en la supervisión del ejercicio político de los representantes institucionales, sin que para conseguir el acceso a los datos y a la información tenga que pasar por unos procesos burocráticos excesivamente complejos como era antes de la era digital.

Desde la década de los años noventa, con la popularización del uso de las TIC, éstas permiten que el ciudadano se acerque a la gestión política institucional y permite en último término: no únicamente el acceso a la información, si no el control de la acción de gobierno.

Los últimos años hemos visto la irrupción de la idea del Gobierno Abierto. El gobierno abierto como apertura de la acción política de los gobiernos y de las instituciones fundamenta su funcionamiento en tres principios fundamentales que permiten su desarrollo:

Transparencia, Participación y Colaboración. Los dos últimos principios necesitan la existencia del primero para poder existir. Sin la transparencia de la información, los datos y los Big Data, el ciudadano no puede participar en el Gobierno de su municipio, autonomía o Estado. Y esta información transparente, no sólo tiene que ser verídica –evidentemente- si no que también tiene que ser en tiempo real, completa, comprensible y de fácil acceso.

El uso de las TIC, en el ámbito de la transparencia permiten este acceso a tiempo real, con un coste económico casi nulo para el ciudadano (sólo requiere disponer de un acceso a banda ancha de internet) y con la posibilidad de almacenar gran cantidad de datos y de tratarlas y reutilizarlas. Esto permite directamente hablar de la interactividad y el traslado al ciudadano de la posibilidad de comunicarse mediante un canal comunicativo de forma bidireccional, cambiando de este modo el estilo, el formato y contenido del mensaje entre ciudadano y políticos o instituciones.

Desde la perspectiva normativa la corriente ciberoptimista considera que la transmisión de la transparencia en la información que nos permite la irrupción de las Tics, puede aventurar un proceso de cambio de sistema político con un acercamiento a las tesis de las democracias directas, con una participación ciudadana directa en las decisiones políticas.

Como consecuencia de la universalidad en el uso de las TIC, y del tratamiento de la información con transparencia, se producirá un incremento de la participación ciudadana, de la colaboración de los administrados con la propia administración: intercambiando datos, aportando conocimiento colectivo, multiplicando la inteligencia colectiva.

La irrupción de las TIC y el fácil acceso a información de calidad en tiempo real permite establecer mecanismos de participación en democracia directa a un coste prácticamente cero.

De hecho ya son muchas las aplicaciones informáticas que permiten intercambiar conocimiento, votar, y tomar decisiones colectivamente y de forma horizontal (Appgree, Agoravoting, PlazaPodemos, Liquidfeedback, Reddit, Etc…).

La perspectiva ciberoptimista consta de dos corrientes principales que asocian la transparencia de la información política con la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Estas dos corrientes son la corriente populista, que parte de una visión individualista de los intereses particulares de los ciudadanos y que considera que esta transparencia permitirá al ciudadano el empoderamiento individual fomentado por el potencial transformador del uso intensivo de las TIC permitiendo comunicarse de forma vertical con los responsables políticos, que pasarán a ser gestores públicos de las decisiones tomadas por la ciudadanía, así como permitirá al ciudadano comunicarse en un plan horizontal entre ellos.

Desde esta corriente populista consideran que la transparencia permite acceder al BIG DATA (grandes bases de datos de la administración) mediante la OPEN DATA (apertura pública de datos), obteniendo información que pueden utilizar, reutilizar y generar nuevas aplicaciones que generen conocimiento y riqueza informativa.

La transparencia de la información y el uso de las TIC permitirán, por lo tanto, superar la frontera entre los gestores de lo público y la ciudadanía, relegando a otro nivel la democracia representativa, sustituyéndola por una democracia participativa del ciudadano.

La corriente comunitarista, por su parte, considera que la interacción de los individuos entendidos como colectivo y no como individualidad haciendo un uso intensivo de las TIC y disponiendo de transparencia en la información pueden garantizar una concreción en el logro de sus intereses como grupo. Traslada el epicentro político actual del estado al grupos de ciudadanos vinculados como comunidad.

Por otro lado, observamos los ciberpesimistas, que consideran que el uso de la transparencia mediante las TIC no aportará más democracia y participación si no que la brecha digital (el gap entre las personas que dispongan de acceso y conocimiento a las herramientas propias de las TIC, y las que no dispongan) comportará una fractura, y en último término el que conseguirá es que las élites políticas adopten las TIC para perpetuar su relación dominante.
A la otro banda de la perspectiva normativa sobre los efectos de las TIC en el acceso transparente a la información, encontramos la perspectiva positiva, constatando que las predicciones normativas no se cumplen y por lo tanto son erróneas.

Esta eufórica tendencia de la corriente ciberoptimista de la visión normativa, que considera que la tecnología puede incidir de forma considerable cambiando la participación y los sistemas políticos encuentra su crítica en la perspectiva empírica (teoría positiva), considerando que desde la óptica normativa no se puede acreditar que la transparencia en la información garantice un incremento de la participación individual o colectiva en la toma de decisiones políticas, ni que ésta tenga un carácter positivo en las políticas públicas, puesto que consideran que la transparencia no garantiza en último término la participación del ciudadano.

Desde la visión positiva se considera que la acción de los agentes políticos intermediarios (la agencia política) permite a muchos ciudadanos interpretar esta información, incluyéndole un valor añadido incorporado, que capacita al ciudadano no sólo para saber que se ha obtenido de forma transparente si no para entenderla. Es lo que se denomina marco institucional o Institutional framework.

Este aspecto es obviado desde la perspectiva normativa.
Desde la perspectiva positiva se pone de relieve que la proyección de la democracia directa: promover como desarrollo del Gobierno Abierto, no garantiza la elección racional pura, dado que intervienen otros aspectos como pueden ser la regularidad del sistema de consultas, la formulación de las preguntas, e incluso el número de preguntas planteadas o el número de opciones, trayendo al extremo consultas que ultrapasan respuestas de sí o no.

La crítica desde la perspectiva positiva a los ciberoptimistas comunitarios es que no es científicamente acreditable la existencia cuantitativa de una comunidad, ni parece que las TIC y el acceso a la transparencia informativa (la microelectrónica y el mundo virtual) sean antropológicamente el canal para constituir comunidades de seres humanos: Mucho más acreditado resulta que la transparencia en el debate político predisponga la participación del ciudadano que huye del oscurantismo en la prisa de decisiones políticas.

Finalmente, considero que el acceso a la información de forma transparente y de calidad permite en último término que el ciudadano pueda valorar la acción de gobierno, pueda participar activamente en la toma de decisiones (proponiendo políticas públicas, aportando conocimiento, tutelando a los gestores públicos), evaluando los resultados de la implementación de las políticas públicas.
Considero que el modelo Suizo de consultas puede servir de base o punto de partida para desarrollar un modelo de participación democrática del ciudadano, mediante un sistema de transmisión de información pública de forma transparente y con una implementación mixta de participación online/offline.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *